Entrevista a Valeria Betancourt, activista de los derechos humanos en internet

¿Qué diferencias encontrás con respecto a la organización entre la 1° reunión que se llevó a cabo de LACIGF y al día de hoy? ¿Cuánto se progresó y qué creés que falta por realizar?

En el 2017 celebramos 10 años de existencia del LACIGF y, desde ese entonces, se produjo un salto cualitativo muy significativo. De ser una reunión relativamente pequeña convocada por tres organizaciones (LACNIC, NUPEF y APC), pasó a ser una iniciativa de colaboración de múltiples partes interesadas que, constituidas en un comité de programa integrado por representantes de los distintos grupos de interés y apoyados por una secretaría ejecutiva, gestiona el proceso a nivel organizativo y de definición de agenda. La intención inicial de congregar a diversos actores de América Latina y el Caribe para construir un diálogo político sobre la gobernanza de internet dio lugar a un proceso que ha contribuido sustancialmente a la identificación de temas de relevancia para la región y al establecimiento de vínculos de colaboración entre los distintos actores a partir de la identificación de objetivos comunes.  

Se trata, en definitiva, de un caso de colaboración multisectorial que, llevado a la práctica, ha resultado en la continuidad, ampliación y sostenibilidad - financiera y política - de aquellos esfuerzos iniciales de las entidades fundadoras. La incorporación de mecanismos de participación de la comunidad regional de Internet en la definición de la agenda del evento regional (mediante una consulta en línea) y la creación de un trust fund para facilitar la participación de actores de la región, ofreció la posibilidad de diversificar el espectro temático, de concitar el interés de otros actores y de incrementar la relevancia del proceso. 

La instauración del proceso regional y su consolidación ha dado lugar, entre otros factores, a la activación de iniciativas locales y nacionales de Gobernanza de Internet. Es destacable el crecimiento en cantidad y calidad de esas iniciativas. Ellas se han tornado en un elemento vital del Ecosistema de Gobernanza de Internet y son la base para la evolución de los enfoques de desarrollo e implementación de políticas de manera colaborativa, inclusiva y de múltiples partes interesadas. 

En diciembre pasado, en el marco del Foro de Gobernanza de Internet global, presentamos la edición 2017 del Global Information Society Watch (GISWatch) enfocado en las iniciativas regionales y nacionales de Gobernanza de Internet. Contiene un mapeo de las iniciativas nacionales en LAC desarrollado por el Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés (UDESA). También incluye perspectivas de actores de sociedad civil y academia sobre la situación en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En conjunto, el GISWatch 2017 analiza una variedad de aspectos relacionados con los IGF nacionales y regionales, incluyendo su creación y crecimiento, sus logros y fracasos, sus desafíos y perspectivas a futuro.

Subsisten pendientes, sin duda. Aun cuando existen notables excepciones, el involucramiento sostenido y activo de los gobiernos de la región en el LACIGF y en procesos globales de Gobernanza y políticas de Internet es una preocupación constante. Lo mismo se puede decir de la participación de los medianos y pequeños actores del sector privado, de las comunidades de práctica y de la academia. No obstante, los desafíos no comienzan ni terminan en sostener y ampliar la participación. El LACIGF no puede abstraerse de la necesidad de revitalizar a nivel regional y global las maneras en las que se conduce el diálogo político multisectorial en torno a la Gobernanza de Internet. Está en constante evolución y son cada vez más los temas a tratar. Le corresponde a la comunidad de Internet de América Latina construir sobre lo avanzado, fortalecer al LACIGF como un espacio en el que los actores pueden interactuar en pie de igualdad, establecer alianzas y seguir aportando al desarrollo de la agenda regional de Gobernanza de Internet, y al comité de programa y la secretaría, facilitar ese proceso. Más allá de experimentar con nuevos formatos para la reunión regional, mi apuesta inmediata sería alrededor de dos aspectos: a) establecer mecanismos de trabajo intersesional, y b) propiciar el establecimiento de vínculos, intercambio y diálogo entre el LACIGF y otros procesos regionales de relevancia, como eLAC, CITEL, Cumbre de las Américas, por un lado; y con procesos globales como el de las Metas de Desarrollo Sostenible y el Foro CMSI, por otro. 

¿Cuánto creés que han avanzado las políticas de derechos humanos en relación a internet? 

No son tiempos venturosos para el disfrute de los derechos humanos en internet. Las amenazas y restricciones son cada vez mayores, y referirse a todas demandaría de una respuesta bastante extensa, pero se pueden mencionar varias de las más problemáticas.  

El control del espacio público (en línea y fuera de línea mediante mecanismos directos e indirectos) por parte de los gobiernos y las corporaciones se ha incrementado. Perfilar a las personas con base en su actividad en línea, la recopilación de datos personales y el análisis de los metadatos para discriminarlas, atacarlas, criminalizarlas y deslegitimar sus expresiones y acciones, se han convertido en prácticas comunes. Más aún, los individuos somos cada vez más presa de modelos de negocios que usufructúan de los datos personales y los usan para vendernos servicios y productos "hechos a nuestra medida". Esos mismos datos son usados por gobiernos y candidatos partidistas para convencernos de promesas y proyectos políticos que "responden a nuestras necesidades".  

Impera una narrativa que enfrenta a los derechos humanos con la ciberseguridad, pasando por alto el hecho de que la ciberseguridad y los derechos humanos no solo son sinérgicos sino que se refuerzan mutuamente. Pasar por alto aquello está dando lugar a abusos y a un control exacerbado de Internet. La aplicación masiva e indiscriminada de tecnologías de vigilancia; la censura y el filtrado de expresiones y contenidos; la intimidación y silenciamiento de voces; los cortes o apagones intencionales de Internet; las interrupciones en el acceso o difusión de información en línea; la cosecha y clasificación de datos personales, son unos pocos ejemplos de aquello. Estamos frente a situaciones en las que los Estados se convierten en fuente de inseguridad mediante el incremento de su poder para controlar, monitorear y censurar el espacio en línea y las actividades en Internet. No solo eso. En muchos casos, esos poderes han sido transferidos a las corporaciones privadas. Los gobiernos deben asumir su responsabilidad por invertir en tecnología que restringe y viola los derechos de las personas, por acciones que contradicen las leyes internacionales de derechos humanos existentes y que no contribuye a la estabilidad, la paz y el desarrollo. 

La violencia en línea contra la mujer afecta, también, una serie de derechos, incluyendo los derechos sexuales. Se trata de uno de los desafíos más críticos. Además, se debe mencionar los intereses políticos y comerciales por manipular la palabra que, sumados a los desbalances tradicionales y nuevos en la propiedad de los medios, de las infraestructuras y de las plataformas, resultan en la instauración de prácticas sistemáticas de desinformación (las mal llamadas fake news), socavando la diversidad y la pluralidad en línea y minando la democracia. 

La Gobernanza de Internet, en tanto arreglos y acuerdos que determinan la manera en la que se desarrolla, se accede y se usa Internet, está profundamente vinculada al ejercicio de derechos humanos. Si esos arreglos no parten de asumir a Internet como un recurso público global, es muy difícil que no favorezcan determinados intereses políticos y/o comerciales y que, en lugar de reforzar el ejercicio de derechos humanos, lo debiliten. Las políticas de Internet deben, primordialmente, sentar condiciones para el disfrute pleno de derechos y para que nuestras identidades y existencias en línea estén libres de amenazas de los actores gubernamentales y privados.  

¿Qué estrategias pueden realizarse para captar el interés de la comunidad para que participe de los debates de Internet?

El lugar de realización del evento es un punto importante. Mientras más se pueda llevar el evento a países en distintas subregiones, mayores serán las oportunidades de instalar la temática de la Gobernanza de Internet en el radar de los distintos actores. La agenda temática del LACIGF debe mantener su relevancia y sintonía con la diversidad de intereses de los actores de la región. La modalidad de consulta pública para definir los temas del evento regional puede ser complementada con aproximaciones estratégicas a actores específicos, como los gobiernos, para identificar sus temas de preocupación e interés. Cada grupo de actor representado en el comité de programa debe asegurar que el llamado a aplicar a becas de participación llegue a grupos y personas cuyas voces deben ser escuchadas, cuyos planteamientos arrojen nuevas luces para el tratamiento de los temas, cuyas realidades planteen la necesidad de responder a nuevos interrogantes. Ello implica ir más allá de los actores que tienen a los temas de tecnologías de comunicación e información en sus agendas. Se debe convocar, por ejemplo, a organizaciones y grupos trabajando en el combate a la corrupción, en la defensa del medioambiente, en la economía y el comercio y en los derechos de las mujeres, entre otros.

Los resultados del LACIGF deben ser presentados de manera más tangible para la comunidad en general y para los medios tradicionales y alternativos de comunicación.  Actualmente, los reportes de las sesiones se publican en el sitio web del LACIGF. Se podría contemplar mejorar la difusión de esos resultados; extraer los aspectos que resulten relevantes para otros procesos regionales que impactan en las políticas de Internet y remitirlos formalmente como contribuciones del foro. El comité de programa, que se renueva cada año, podría contemplar producir informes anuales con reflexiones sobre el aporte del LACIGF. En complemento, podría realizar una encuesta posterior a la realización de cada evento regional solicitando a los participantes indicar, desde su punto de vista, el resultado más destacable. 

Si bien debe mantenerse la independencia y autonomía de los IGF nacionales, resultaría útil encontrar maneras más efectivas de establecer vínculos con el LACIGF en la perspectiva de abordar y construir sobre las prioridades y particularidades de las distintas subregiones.  

¿Cuáles son los proyectos en los que están trabajando?

El modelo de provisión de conexiones de banda ancha de las grandes operadoras nacionales ha mostrado tener limitaciones para la efectiva universalización del acceso a Internet. Ello nos ha llevado a enfocarnos en la exploración de estrategias alternativas para alcanzar a sectores y áreas no conectadas. Estamos llevando a cabo un proyecto de acceso local y redes comunitarias enfocado en el análisis de casos en profundidad, la identificación de las limitaciones políticas y regulatorias, la construcción de movimiento social y el involucramiento entre pares, y el apoyo para escalar redes existentes y comenzar nuevas. Mediante esa estrategia multidimensional, se busca profundizar en la comprensión de la manera en la que esos modelos alternativos de acceso contribuyen a combatir la brecha digital, a avanzar en la equidad de género y a generar condiciones para un mejor desarrollo social y económico en los niveles comunitarios y locales. 

También arrancamos la producción del GISWatch 2018 que estará enfocado en redes comunitarias y presentaremos la edición de este año en el IGF global. 

A su vez, estamos liderando un consorcio de investigación para desarrollar los indicadores de universalidad de Internet de UNESCO. El marco de la UNESCO para la Universalidad en Internet se articula en torno a cuatro temas centrales del desarrollo de Internet: Derechos, Apertura, Accesibilidad y Participación de Múltiples Partes Interesadas (los principios D-A-A-M). Los indicadores que se están elaborando se utilizarán para evaluar el progreso hacia un Internet que sea coherente con los principios D-A-A-M a nivel nacional e internacional. 

Una de las preocupaciones centrales de APC es la de la violencia contra las mujeres, en particular la violencia experimentada por mujeres, niñas y personas trans* en riesgo. Estamos abocadas a fortalecer las capacidades de grupos de mujeres, activistas y organizaciones de derechos humanos del Sur global para promover respuestas legales y políticas a la violencia en línea contra las mujeres y reforzar la defensa de derechos. De eso se trata nuestro proyecto “¡Dominemos la tecnología!”.

Todos estos son algunos de los proyectos que involucran trabajo regional en América Latina y el Caribe. 

¿Qué desafíos enfrenta hoy la gobernanza de internet? 

Hasta el surgimiento del LACIGF y de iniciativas de construcción de capacidades en el área - como las de Diplo Foundation y la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet -, los países de la región estaban primordialmente enfocados en definir políticas que permitieran, por un lado, fortalecer su propio sector de TIC y, por otro lado, avanzar en la consecución de objetivos de desarrollo mediante la aplicación directa de TIC en áreas prioritarias. La Gobernanza de Internet no hacía parte sustancial de la agenda regional. Desde la realización del primer LACIGF, la región ha avanzado bastante en la estructuración de la reflexión, el análisis y la práctica en materia de Gobernanza de Internet, así como en el nivel de participación en foros y espacios globales de política pública de Internet, incluyendo el IGF global.  Pero es aún necesario reforzar la noción de Internet como un recurso público global que debe ser gobernado con base en el interés público. Si se pretende avanzar hacia el establecimiento y fortalecimiento de mecanismos de Gobernanza pluralistas, de promover la transparencia y la rendición de cuentas sobre las decisiones políticas de los gobiernos alrededor de Internet y asegurar la participación de todas las partes interesadas, la adopción y aplicación de principios para la Gobernanza de Internet es uno de los primeros pasos importantes. Se cuenta ya con propuestas de principios y con recomendaciones que han surgido de procesos proactivos y esfuerzos de múltiples partes interesadas como la Freedom Online Coalition, el NETmundial, la Comisión Mundial sobre la Estabilidad del Ciberespacio, entre otros, que ofrecen una excelente base para traducir el enfoque de los derechos humanos a la práctica. Se necesitan reglas básicas para la Gobernanza de Internet alineadas con los derechos humanos, pero el proceso para acordarlas es igualmente importante. Por ello, uno de los pendientes ineludibles es proponer soluciones adaptables con base en esos principios, identificar medios y formas para su aplicación, establecer mecanismos de comprobación de su implementación y de rendición de cuentas y reparación cuando no sean aplicados. 

Del mismo modo, sentar a la mesa a todos los actores no basta para que la definición de las políticas de Internet y los procesos de decisión en materia de Gobernanza se den en concordancia con el interés público. Hay que avanzar hacia el refuerzo de las estructuras democráticas de las sociedades latinoamericanas, la garantía de la vigencia del Estado de Derecho y la aplicación del debido proceso. Aunque suene trillado, queda mucho por hacer aún para garantizar que el Internet sea una plataforma para el desarrollo social y económico, para la participación efectiva en la esfera pública y, en última instancia, para habilitar el disfrute de los derechos individuales y colectivos.  

¿Cómo la tecnología transformó tu trabajo y el área donde te desempeñás?

La indignación e inconformidad con las inequidades y la desigualdad social y económica, el rol político que asumimos las mujeres en la construcción de un proyecto colectivo de transformación y emancipación y la fascinación por lo múltiple y transformador de las culturas son constantes que me han acompañado permanentemente. El Internet me ha brindado la posibilidad de ampliar inimaginablemente los horizontes para atender esas inquietudes. Los estudios y el activismo me han llevado a explorar las formas en las que las tecnologías de información y comunicación (TIC) se insertan en la cotidianidad de las personas. Desde mi acercamiento a las TIC, y en particular al Internet, mi reflexión se ubicó en los determinantes histórico-sociales, políticos y económicos de la tecnología y en los modos en los que las dinámicas de poder se expresan en el ámbito digital.

Parto de la conciencia del enorme potencial de Internet para apoyar el desarrollo humano; para visibilizar y amplificar las voces de quienes no tienen cabida en los canales de expresión tradicionales; para fortalecer el ejercicio democrático y la participación ciudadana en la esfera pública; para reforzar el ejercicio de derechos humanos. Y, lo más importante, no pierdo de vista que los desbalances, las desigualdades, la discriminación, la exclusión y la injusticia social y económica no solo se reproducen en la esfera digital sino que adquieren nuevos matices. 

Es por ello que he optado por la Gobernanza de Internet y los derechos humanos como unos de los terrenos críticos de trabajo. Ello demanda desarrollar investigación, fortalecer capacidades de las organizaciones de sociedad civil para la incidencia política, alimentar el debate público con enfoques alternativos y construir redes. Pero, fundamentalmente, implica recuperar y revitalizar la noción de lo público y avanzar en propuestas y acciones para que el Internet sea manejado en función del interés público, colocando a las personas en el centro, de modo que su acceso y uso contribuya a la realización de los derechos humanos y a la construcción de un ejercicio ciudadano crítico.  

Respecto a los reglamentos o leyes que hoy están vigentes, ¿Considerás necesario una actualización del marco regulatorio a nivel regional o global para tener en cuenta el nuevo espectro de conflictos que genera la presencia y uso de las tecnologías?

La complejidad del panorama político, legal y regulatorio es creciente. Es innegable, además, que en múltiples ocasiones, las soluciones propuestas a problemas generados por el uso de la tecnología, conducen a nuevos problemas. Resultaría de ayuda empeñarse en diferenciar los problemas o conflictos para los que se necesita intervenciones de tipo estructural de aquellos que precisan respuestas operacionales, por ejemplo. Los problemas seguirán emergiendo a la par del vertiginoso desarrollo tecnológico y la respuesta no pasa, al menos no siempre, por crear leyes específicas para enfrentarlos. Sí se torna, en cambio, imprescindible asegurar que los marcos normativos y regulatorios existentes se apliquen en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos y que los nuevos se construyan con ese referente.