En los inicios del siglo XXI la telefonía fija quedó relegada por la telefonía móvil, que a su vez se ve desafiada por las comunicaciones IP, refieren Mastrini y Aguerre. Por tanto, se precisan políticas para el desarrollo de la banda ancha en América Latina para acelerar el progreso económico y social de los países, así como el bienestar de todas las personas, comunidades y pueblos.
En su análisis, Mastrini y Aguerre señalan que enfrentamos un momento clave en la definición de nuevos paradigmas de políticas de comunicación y telecomunicaciones y que las políticas públicas en esas áreas deberían responder al interés público. Ellos concluyen que contar con una red de banda ancha con acceso universal y precios asequibles para el conjunto de la población supone un nuevo desafío para la política de telecomunicaciones de signo democrático.