La Comisión sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación de Filipinas (CICT) presentó su propuesta de hoja de ruta para las TIC el pasado 5 de junio de 2006 en el Hotel Crowne Plaza de Ortigas, Pasig City, Filipinas.
El evento, que reunió a cerca de un centenar de actores del gobierno, el sector privado y la sociedad civil, tuvo lugar en medio de un proceso de cambio en la directiva de la CICT.
La hoja de ruta para las TIC propuesta es el fruto de un proceso iniciado por el ex presidente de la CICT Virgilio Pena, en el que se consolidaron las estrategias formuladas para los cuatro componentes de la Comisión, a saber: desarrollo del capital humano; gobernanza de internet; desarrollo comercial; infraestructura de la información. El 1º de mayo, Pena era sustituido por el banquero Ramon Sales.
El borrador se había definido inicialmente en torno al principio rector progresista de lograr una “sociedad de la información centrada en la gente, inclusiva y orientada al desarrollo, donde todos puedan crear, acceder, utilizar y compartir información y conocimientos, haciendo posible así que los individuos, comunidades y pueblos alcancen el pleno potencial que les permita promover el desarrollo y mejorar su calidad de vida”.
Al tiempo que reafirmaba este discurso de tono tan progresista, la sociedad civil reiteraba que el sector de las TIC no debía ser manejado por el mercado, posición que parecía contar con el apoyo de la misión y concordar con la visión de la CICT, así como de los programas que dependen del desarrollo comercial e incluso del acceso universal. Como afirmó Aileen Familiara, de Isis International Manila, “la función del gobierno no es meramente posibilitar un buen entorno para los negocios. Éste debería en cambio comprometerse también con las iniciativas populares.”
La hoja de ruta propuesta para las TIC expresa también su confianza en que el sector privado implemente un plan nacional de ancho de banda, que tiene entre sus objetivos la conexión del 55 por ciento de las poblaciones rurales para 2010. Reuben Ravago de la Advanced Software Foundation (Fundación de Software de Avanzada) opinó que el gobierno debería “revertir su perspectiva”. En lugar de contar con el sector privado, siempre listo para atender áreas económicamente redituables, cada unidad de gobierno local debe recibir los recursos “que le permitan tener la infraestructura acorde a sus preocupaciones y que al mismo tiempo abra sus redes de trabajo a otros grupos de usuarios de Linux”.
En su rol de coordinador de la sociedad civil, el miembro de APC Fundación para los Medios Alternativos (FMA) compiló un conjunto inicial de lineamientos y lo entregó a la CICT. Estos lineamientos de partida eran el resultado de los dos encuentros preparatorios que la FMA organizó el 16 de mayo y 1º de junio de 2006.
El documento elogiaba el esfuerzo realizado por la CICT al adoptar un alentador conjunto de principios rectores y un proceso que da participación a los distintos sectores. Pero enfatizó también la necesidad de “tener más en cuenta los objetivos de desarrollo (y no meramente la competitividad)” y de una comprensión más profunda de una “sociedad de la información”. El documento señalaba también que el proceso de consulta no había sido tan abarcador e inclusivo como debería. Por tal motivo, recomendaba realizar una serie de consultas con más grupos de interés público, especialmente de zonas exteriores al área metropolitana de Manila.
El documento explicaba asimismo la necesidad de una respuesta más proactiva del gobierno en la provisión de acceso a las TIC, especialmente en zonas rurales, y apremiaba a la CICT a procurar una mayor llegada a grupos como las mujeres y las personas con discapacidades a fin de dar mayor relevancia al programa de centros de internet comunitarios de la Comisión. Recomendaba también que se exonerara a las radios comunitarias del pago de licencias.
Entre las recomendaciones, figuraba también la nueva adjudicación del dominio de primer nivel con código nacional “ph”, arbitrariamente administrado hasta el momento por un actor individual, y una política de competencia capaz de controlar las restricciones verticales en los precios y la subvención cruzada de los servicios. El documento presionaba también por la adopción del software libre; la producción de un Plan de desarrollo y género; y la implementación de un tratamiento jurídico para temas como disposiciones legales controvertidas y oportunidades de empleo emergentes.
Como parte de su compromiso con un proceso participativo multisectorial y de su contribución para mejorar la hoja de ruta propuesta para las TIC, la FMA se prepara actualmente para una consulta nacional, que se realizará en el último trimestre de este año. Esta actividad culminará con un diálogo sobre políticas con la directiva de la CICT.