Venezuela se encuentra en una etapa de transformaciones en distintos sectores del país y el sector de las telecomunicaciones no escapa de esta realidad. El gobierno actual, que mantiene una gestión de aproximadamente catorce años, impulsa un modelo de desarrollo socialista que, a partir de planes nacionales, reformas de leyes y decretos presidenciales, ejecutó cambios significativos en el sector de las telecomunicaciones puesto que es considerada un área estratégica para garantizar la estabilidad política del país.
El gobierno implementó medidas y apoyó proyectos con la finalidad de abrir espacios de encuentro para fomentar la participación de las comunidades de distintos sectores del ámbito nacional, regional e internacional, para potenciar el poder popular y lograr la democratización del espectro radioeléctrico. Sin embargo, las intenciones manifiestas en muchos casos no se concretaron. Distintos actores de la sociedad venezolana e internacionales manifestaron su preocupación por temas transcendentales del sector de las telecomunicaciones tales como:
a) la adscripción de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a la vicepresidencia de la República por vía del decreto presidencial (Decreto 7.588), que es considerado como una medida que va en contra de la imparcialidad e independencia del ente de aplicación de las normas;
b) las reformas de la Ley orgánica de telecomunicaciones y de la Ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos, ambas transcendentales en la gestión del sector de las telecomunicaciones que no tuvieron deliberación de todos los sectores de la sociedad y que introducen mayores controles a la red de transporte y a los servicios de valor agregado como internet, redes sociales, asignación de dominios, etc;
c) el Decreto presidencial 6.449 que declara a internet como un gasto suntuario para el sector público (que incluye a las universidades), en directa contraposición con el anterior Decreto 825 del ejecutivo nacional en el que se “declara el acceso y uso de internet como política prioritaria y su acreditación como herramienta de interrelación en el contexto mundial, y propiciadora del desarrollo territorial en el ámbito nacional y regional”;
d) el uso discrecional del Fondo de servicio universal (FSU) destinado a la conexión de agencias gubernamentales en detrimento de su propósito de favorecer la conectividad en zonas rurales y retrasos en la ejecución de proyectos como la Red Nacional de Transporte, que debía abrir oportunidades de desarrollo en zonas desfavorecidas;
e) la promulgación de nuevas leyes como la Ley de medios comunitarios y alternativos, que se presta a interpretaciones arbitrarias;
f) la revocación de concesiones del espectro a medios de comunicaciones privados y opuestos al gobierno, el cierre de emisoras de radio y televisoras con señales abiertas y la discrecionalidad de las acciones por parte del gobierno, manifestado recientemente por la imposición de una multa de dos millones de dólares a una emisora de televisión (Globovisión) por el supuesto delito de informar sobre un motín ocurrido en un centro penitenciario del país.
Medidas de doble faz
El gobierno venezolano, en su afán de consolidar un modelo nacional socialista, centraliza el sector de las telecomunicaciones controlando el espectro radioeléctrico e implantando políticas que regulan el uso y la explotación del mismo. En ese sentido, refuerza medidas técnicas y legales sobre el uso del espectro, revoca concesiones a medios privados para asignarlas a emisoras comunitarias y socialistas, ejecuta proyectos como el satélite Simón Bolívar para abrir oportunidades de acceso a sectores desfavorecidos bajo la discrecionalidad de los entes responsables sobre el uso del mismo, subasta porciones del espectro para abrir servicios de telefonía móvil y acceso a internet, promueve la explotación de frecuencia de espectro abierto para desarrollar redes de banda ancha inalámbrica en sectores públicos, inicia procesos de expropiación de empresas del sector privado, apoya el desarrollo de medios comunitarios, entre otras medidas.
Con este proceder el gobierno procura ampliar el uso del espectro, promover la inclusión social, eliminar los oligopolios y estimular la penetración de las telecomunicaciones pero con los riesgos que implican debilitar medios de comunicación privados y alejar inversiones de empresas de telecomunicaciones por la inseguridad jurídica que existe en el país.
Se observa que proyectos estratégicos gestionados por el gobierno y que técnicamente podían desarrollar infraestructuras de telecomunicaciones en sectores rurales y abrir oportunidades de acceso a poblaciones desfavorecidas, son paralizados y sustituidos por otros desarrollos sujetos a la discrecionalidad y la capacidad de gestión de los funcionarios.
Estas modificaciones en las sucesivas etapas de los planes técnicos, sin ninguna estructura lógica coherente, pueden estar orientadas más a intereses propios del gobierno que a los desarrollos fundamentales del Estado.
Es importante notar que el sector privado, a su medida, logró expandir sus desarrollos a sectores desfavorecidos y ofrecer servicios de banda ancha móvil y acceso a internet, así como también organismos gubernamentales implantaron redes inalámbricas para beneficiar a usuarios y usuarias locales. No obstante, estas inversiones del sector privado y gubernamental no fueron suficientes para cubrir las demandas de las zonas de baja densidad poblacional y zonas rurales.
En tal sentido, es imperioso que:
- los organismos del Estado tengan una independencia de poderes en donde los intereses estatales prevalezcan sobre los de los gobiernos de turno,
- que el gobierno promueva el acercamiento y la reconciliación social para unir esfuerzos mancomunados orientados a favorecer sectores desfavorecidos y desprovistos de servicios de telecomunicaciones,
- que el gobierno sea vigilante del cumplimiento de los recursos (FSU) designados a desarrollar las telecomunicaciones,
- que los entes responsables de las telecomunicaciones mantengan la neutralidad de las acciones técnicas y legales que ejecuten,
- que el gobierno incentive al sector privado para que en conjunto pueda consolidarse un plan de inversiones que contribuya a desarrollar el sector de las telecomunicaciones y
- que el gobierno siga promoviendo programas de inclusión que faciliten el acceso a los servicios.
Los distintos actores de la sociedad venezolana deben seguir vigilando y participando de programas que promuevan el desarrollo del país y monitorear con actitud crítica las medidas y reformas que el gobierno implemente, así como también la gestión de los recursos designados para beneficio de los venezolanos y las venezolanas sin intereses políticos ni económicos.
_Esta es una sintesis de la investigación realizada en Venezuela
por Sandra Benítez y Ermanno Pietrosemoli para EsLaRed, como parte de la iniciativa de APC Espectro abierto para el desarrollo, que se orienta a brindar un mejor conocimiento de la regulación del espectro a través del estudio de la situación en África, Asia y América Latina. Este proyecto forma parte de la iniciativa ‘Action Research Network’, financiada por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC)._
Se disponibiliza debajo el informe nacional de Colombia.
Ver otros informes y artículos de resumen
Foto por FastLizard4. Usada con permiso bajo la licencia de Contenido Creativo 2.0