Entre el 27 y el 31 de julio se celebró RightsCon 2020, la conferencia anual sobre tecnología y derechos humanos organizada por Access Now. Concebida inicialmente como un evento presencial que iba a celebrarse en San José de Costa Rica, la pandemia global por coronavirus obligó a realizar el evento completamente en línea, cambio similar al anunciado por otros foros relevantes como el Internet Governance Forum y el Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe, que tendrán lugar durante el segundo semestre.
La distancia física no fue impedimento para la correcta realización de un evento que cada año reúne a activistas, académicos y académicas, periodistas, tomadores de decisiones y expertos y expertas de todo el mundo. Y, como cada año, Derechos Digitales, organización para la que trabajo y miembro de la red APC, mantuvo una agenda intensa, con distintos miembros del equipo exponiendo, moderando y organizando distintas sesiones, que abarcan un conjunto amplio y diverso de temáticas.
La expansión de las tecnologías de vigilancia
Algunas de las sesiones en las que participamos son parte de conversaciones de larga data, sobre las que hemos venido trabajando durante años. Es el caso del despliegue cada vez más extendido de distintas tecnologías de vigilancia en el continente, problema que fue abordado desde el punto de vista normativo en “Surveillance, Safeguards, and Strategy: Campaigns for Surveillance Reform in North America, LATAM, and Africa”, dedicada a la discusión de estrategias en favor de una reforma regulatoria que permita la correcta aplicación de estándares de derechos humanos a las actividades de vigilancia realizadas por el estado y también por entidades privadas, así como estrategias de incidencia que lleven a la visibilidad pública este tema y la necesidad de prestarle atención política a sus consecuencias. El impacto de la vigilancia sobre periodistas y comunicadores y comunicadoras sociales fue el tema de “In The Public Eye: Reporting On Protests Under The Surveillance State”, mientras que “The Revolution Will Be Tracked: How to Protect Activism in the Age of Mass Surveillance” y “Criminalisation and Protection of Digital Rights Defenders” se enfocaron en la vigilancia a activistas. Si bien en el marco de todas estas conversaciones se volvió a enfatizar la importancia de desarrollar mecanismos que permitan mayor transparencia y control sobre este tipo de tecnologías, cuestiones como la necesidad de poner atención a las políticas de ciberseguridad - con distintos grados de desarrollo en los países de la región - y a la responsabilidad empresarial con foco en la protección de derechos humanos, han empezado a permear la discusión, complejizando los análisis y ampliando los abordajes posibles.
“Nos ven la cara: a Latin-American Declaration on Human Rights and Facial Recognition” y la sesión “Solve my problem” trataron la alarmante expansión de los sistemas de reconocimiento facial en la región, no solo en el campo de la seguridad pública, sino también en el ámbito de la gestión y el control del acceso a los servicios y derechos sociales, ampliando la discusión más allá de la esfera del derecho a la privacidad, expandiéndola, por ejemplo, al ámbito del ejercicio de los derechos civiles y políticos. Una discusión similar ocurrió en “Caught in the (Social Safety) Net: Social Exposure and Intensive Data Exploitation in Latin American Social Protection”, donde se analizó el rol de los algoritmos en la creación de nuevos espacios de exclusión y discriminación a partir del uso de tecnologías basadas en la recolección intensiva de datos para controlar el acceso a servicios públicos, que tienen por consecuencia la generación de condicionantes y limitantes al ejercicio de los derechos fundamentales, particularmente de las poblaciones más vulnerables. Acá nuevamente se hace necesario mirar más allá del derecho a la privacidad y comprender los impactos económicos y sociales involucrados en la implementación de esas tecnologías.
“The public, the private, and our rights: lifting information out of lockdown” tuvo por objeto revisar las deficiencias del actual ecosistema de datos, así como destacar las buenas prácticas que ayudan a informar las decisiones de política pública de forma inclusiva y responsable. Por su parte, en “Trading Away Our Digital Rights: the Digital Trade Agenda at the WTO” se discutió la relación entre las políticas de comercio internacional, desde un perspectiva que combina asuntos como el derecho a la privacidad y los derechos económicos, sociales y culturales.
Libertad de expresión y la responsabilidad de las plataformas
En relación a la libertad de expresión, la sesión “Content removal in Latin America: censorship practices on the internet and regulatory approaches for the region” abordó las prácticas de remoción de contenidos de internet en América Latina, su impacto en la libertad de expresión y contribuyó a una apertura a la discusión de los distintos modelos normativos disponibles para darle mejor cause al problema desde la perspectiva del contexto político, jurídico y social de América Latina, mientras que “Human Rights Impact Assessment of online political misinformation” se centró en el impacto de los desórdenes informativos sobre el ejercicio de derechos humanos y la responsabilidad que tienen las plataformas que prestan servicios en internet, los Estados y la sociedad civil de entregar herramientas que le permitan a los ciudadanos ser capaces de contrastar y juzgar mejor el carácter y la calidad de la información que reciben, cuestión que no solo pasa por mayor educación, sino que además se extiende a otro tipo de medidas, como podría ser el acceso universal a internet.
El contexto de pandemia
El rol de la tecnología en el manejo de la crisis a causa de la pandemia por enfermedad de COVID-19 fue el tema de “COVID-19: Can Global South Institutions Survive the Govtech Onslaught?”,” Digital Health Certificates: Are They Immune From Violating the Rights of Users at Risk?”, que examinaron el modo en que los gobiernos han recurrido a la tecnología como parte de sus estrategias para hacer frente a la crisis, y los riesgos asociados a una implementación descuidada, sin proporcionalidad, que no sopese las limitaciones de la propia tecnología empleada, ni las propias capacidades institucionales existentes para administrar, analizar y proteger la información recopilada, y que aseguren suficientes instancias de control y respeto por los distintos derechos involucrados.
La pandemia fue también parte central de la sesión “Rapid Response Funds and the Promotion of Human Rights in the Digital Environment: Reacting to Tech Authoritarianism in Latin America”, organizada por Derechos Digitales para reflexionar sobre el primer año de funcionamiento del Fondo de Respuesta Rápida para la protección de derechos digitales en América Latina y otras iniciativas similares que apoyan el trabajo en nuestra región. El diagnóstico realizado enfatizó la situación de restricción de derechos humanos en la región, que se agudiza en el contexto de la pandemia del Covid-19, haciendo más evidentes preocupaciones de larga data, como la restricción del espacio cívico, las distintas brechas digitales y la vigilancia.
Sesiones como “Localising Algorithms in Trans-Global Tech: Development Impacts of AI in Local Economic Contexts”y “Data for Development: Shaping Future Scenarios” fueron una invitación a reflexionar sobre las condicionantes que limitan el potencial de las tecnologías como herramientas al servicio del ejercicio pleno de los derechos y libertades, y a imaginar nuevas aproximaciones que pudiesen ponerlas al servicio del desarrollo integro de las personas, las comunidades y las sociedades. Aquí, la necesidad de alternativas al modelo neoliberal de desarrollo, el respeto por los derechos humanos, participación de las comunidades y un renovado respeto por el valor de la autonomía aparecen como aspectos cardinales. La discusión sobre la autonomía fue parte también de “Working On A Regulatory Agenda For Community Networks In Latin America”, sobre el panorama regulatorio latinoamericano y los desafíos y oportunidades que presenta para el desarrollo de redes comunitarias, incorporando además aspectos relativos a la sustentabilidad de los proyectos y las distintas brechas —género, clase, la división rural/urbana— que deben ser enfrentadas.
La importancia del consentimiento en el marco del desarrollo e implementación de la tecnología fueron parte de las discusiones desarrolladas en “Net Positive Advertising: Dream or Reality?”, dedicada a pensar alternativas al modelo parasitario de publicidad en internet, basado hoy en la recolección indiscriminada de datos y su procesamiento de forma opaca. “Consent by design: How Design in Tech Impacts Choice, Power and Control in Data-Sharing Processes” se discutieron las características que debe tener el consentimiento para ser considerado valido, incluyendo factores como la existencia de alternativas reales, el desequilibrio de poder en situaciones donde el consentimiento es exigido por el Estado o por una gran corporación, y cómo las decisiones de diseño de las plataformas inciden en la validez de ese consentimiento y por ende en el uso posterior de los datos.
De este breve repaso queda claro no solamente el modo en que las discusiones en materia de tecnología y derechos humanos se han ido complejizando, enriqueciéndose de nuevas perspectivas y distintos abordajes, a veces complementarios a los que se han desarrollado históricamente, a veces en tensión con ellos. Para reflejar estos cambios, en Derechos Digitales nos encontramos en pleno proceso de redefinición de nuestros ámbitos de trabajo, unos cambios de los que les informaremos muy pronto.
Imagen: Octopus, via Max Pixel, CC0 Dominio Público.