Ante la sucesión de opiniones y hechos que se han sucedido en el marco del proceso de elaboración de la nueva normativa de Servicios Audiovisuales, la Coalición por una Comunicación Democrática declara:
Logo oficial de la Coalición
1.- Saludar como un logro de la sociedad uruguaya, de la democracia y como un ejemplo en la construcción de políticas públicas sobre derechos fundamentales, la entrega realizada el viernes 10 del documento final elaborado por el Comité Técnico Consultivo (CTC) de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman. El mismo agenda los acuerdos básicos que existen entre distintos sectores sociales y empresariales (incluyendo los medios, la sociedad civil, académicos y expertos), en torno a una futura ley de servicios de comunicación audiovisual.
De igual forma celebrar el camino trazado hacia la Universalización de la banda ancha en Uruguay y esperar los resultados del CTC que trabaja en aportes para una ley de telecomunicaciones y en las políticas de espectro 4G. Sería adecuado que la LSCA como la ley de telecomunicaciones, se coordinen y resuelvan en forma conjunta.
2.- Manifestar desacuerdo con las declaraciones del presidente José Mujica que anuncian que tirará “a la papelera” el proyecto de nueva regulación para los servicios de comunicación, que no reconocen el riguroso trabajo realizado durante cuatro meses por una docena de especialistas y la disposición de diálogo de los integrantes del CTC sobre el alcance y características de la iniciativa en debate.
Manifestar el respaldo al camino anunciado por el ministro de industrias el viernes 10 de diciembre, al anunciar que se formulara un proyecto de ley en el primer semestre del año próximo, a partir de la labor realizada por el CTC en el marco de la Dirección de Telecomunicaciones.
Solicitar que se concrete a la brevedad la anunciada visita al país del Relator Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, que suspendió su visita al país en virtud de las manifestaciones del primer mandatario que parecían indicar un retroceso al proceso de formulación de la nueva legislación.
3.- Expresar extrañeza por el hecho de que integrantes del Poder Ejecutivo, los medios y el sistema político han opinado del tema sin conocimiento de causa, sin siquiera leer las actas ni el informe final del CTC, en el sentido de descartar un nuevo marco normativo que, contrariamente a lo que su discurso afirma, pretende la democratización y el acceso de más voces a los medios.
La iniciativa que se pretende promover es todo lo contrario a una “ley mordaza”, es una “ley antimordaza”, ya que busca marcar reglas de juego claras, más equitativas que las actuales, que den certezas a todos los actores sobre el nuevo escenario surgido a partir de la convergencia tecnológica.
Más pluralismo, mayor diversidad y reglas claras para administrar el espectro, un bien público que los gobiernos no tienen derecho a disponer libremente sin criterios objetivos, procedimientos transparentes y participación ciudadana.
4.- Uruguay tiene una de las legislaciones más anticuadas y desactualizadas de la región en materia de radiodifusión. Una ley aprobada en la dictadura militar que otorga tal discrecionalidad y falta de certeza jurídica en la administración del espectro, que ha sido utilizada por varios gobiernos para favorecer la concentración de la propiedad de los medios en pocas manos a nivel nacional y departamental. Los permisos, jurídicamente “precarios y revocables” han sido la forma de perpetuar la titularidad sobre frecuencias que son patrimonio común de la humanidad.
Manifestar preocupación porque en pocos meses el país deberá asignar decenas de frecuencias televisión que abrirá la digitalización, y no se cuenta con un marco normativo que otorgue garantías tanto a los medios como a los ciudadanos.
Decir que en este terreno se llevará a cabo un monitoreo permanente de las decisiones que en adelante adopte el gobierno nacional sobre las asignaciones de espectro, en base a los 16 Principios para una Comunicación Democrática que la Coalición presentó el 2 de diciembre.
5.- Recordar que por unanimidad el CTC adoptó los estándares del sistema interamericano sobre libertad de expresión para sugerir su incorporación al capítulo de principios y derechos de la ley. A texto expreso se dejó constancia de que el Estado bajo ningún concepto podrá intervenir en los contenidos de los medios, en consonancia con la larga lucha que las organizaciones sociales han dado en las últimas décadas en favor de la libertad de expresión y el derecho a la información.
6.- Resaltar que las bases contienen otras definiciones esenciales e indispensables en una sociedad democrática y transparente. Se recomienda adoptar por primera vez en la historia de la radiodifusión medidas anticoncentración, límites a la titularidad de frecuencias, reglas claras bajo concurso transparente para asignar frecuencias, plazos para la explotación de las mismas. Se afirma la necesidad de avanzar hacia un sistema de comunicación con equilibrio entre el sector público, privado y comunitario. Se establecen derechos de las audiencias, un órgano de aplicación independiente y un ombudsman o defensor de las audiencias. Se propone un Plan Nacional de Educación para la Comunicación para el conjunto de la ciudadanía y para la formación de los profesionales de la comunicación.
7.- El actual proceso democratizador de los medios audiovisuales en Uruguay está siendo observado con atención y admiración, por su grado de participación y pluralismo, por los organismos especializados en libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas.
La sociedad civil se procurara la solidaridad internacional para que este proceso de construcción democrática llegue al final deseado y no sea detenido.
8.- Manifestar el convencimiento que el tema de la democratización de la comunicación debe hacerse público para que toda la sociedad pueda contar con información y debatir con todos los elementos sobre la mesa, sobre un asunto que la involucra directamente.
Para ello la Coalición llama a los medios de comunicación (especialmente a los medios públicos), a abordar el asunto con responsabilidad, y a habilitar sus pantallas y espacios a todas las voces involucradas, sin exclusiones.
También convoca a los legisladores para que en uso de la representación popular introduzcan este asunto (el documento final del CTC y los 16 Principios para una Comunicación Democrática) en el debate parlamentario.
9.- A modo de conclusión expresar nuestra expectativa para que el proceso de elaboración de la nueva normativa de los servicios audiovisuales continúe su proceso de construcción, tal como lo anunció el gobierno nacional a través del ministro de Industria Roberto Kreimerman, en el entendido que este es un clamor que la sociedad viene manifestando cada vez que es consultada sobre estos temas (en los últimos veinticinco años), y teniendo en cuenta que la coyuntura global lo exige objetivamente en el proceso de readecuación del sistema de comunicaciones mundial.
Coalición por una Comunicación Democrática
Por más información contactarse con Edison Lanza (+ 598) 99 108 230 o Alejandro Albarracin (+ 598) 91 226 295.