La Campaña Saber es un derecho. ¡Que ahora sea ley!, por una ley nacional de acceso a la información pública, nace del trabajo conjunto de distintas organizaciones de la sociedad civil que desde hace años trabajan en la promoción de este derecho en Argentina.
Para interiorizarnos con el proceso que está viviendo la Argentina, APC conversó con Mercedes Davico, periodista del área de acceso a la información de la ADC.
¿Cómo fue el proceso de realización de la campaña?
El objetivo de la campaña fue involucrar a la ciudadanía en el reclamo por una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública y apoyar el debate legislativo que comenzaba en el Congreso de la Nación.
La Campaña busca destacar la importancia del acceso a la información pública como una herramienta para poder ejercer otros derechos fundamentales (como la salud y la educación), monitorear la transparencia de la gestión pública y fomentar la participación ciudadana.
¿Qué es el derecho de acceso a la información pública?
Es la posibilidad que tienen todas las personas de buscar, solicitar y recibir información que se encuentra en manos de los diferentes órganos y entes que componen el Estado o en manos de sujetos privados pero que es generada a partir de fondos públicos o en ejercicio de una función pública delegada o autorizada por el Estado.
¿Por qué las distintas organizaciones que llevan adelante la campaña tuvieron la necesidad de concretar esta iniciativa?
Sancionar una ley de acceso a la información es una deuda pendiente en la Argentina desde 2005, cuando un proyecto que contaba con media sanción por parte de la Cámara de Diputados y que había sido elaborado con un alto grado de participación de distintos actores sociales, perdiera estado parlamentario. Desde ese momento su tratamiento fue postergado.
Durante 2009 y principios de 2010, la presentación de varios proyectos de ley por parte de un alto número de representantes de todo el espectro político, potenció el debate parlamentario en el Congreso Nacional.
En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil, que estuvieron presentes en la discusión en 2004, formaron la campaña para dar apoyo al proceso legislativo y plantear una serie de estándares mínimos que debería cumplir la futura ley de acceso.
¿Dónde encuentra sustento este derecho y dónde está reconocido?
La posibilidad de acceder a información pública encuentra su fundamento en los principios que nutren el sistema democrático y republicano de gobierno. En primer lugar, de la forma republicana que el Estado Argentino adopta, derivan el principio de publicidad de los actos de gobierno, el principio de transparencia en el funcionamiento de la administración pública y la posibilidad de participación de las personas que habitan en el país.
Se entiende también que la posibilidad de acceder a datos y documentos públicos se desprende del derecho a la libertad de expresión, en tanto entraña necesariamente la posibilidad de recabar y recibir información y consecuentemente ampliar y fortalecer la autonomía personal.
En Argentina, el derecho de acceso a la información pública esta reconocido en la Constitución Nacional. Surge, en primer lugar, del artículo 1° de la Carta Magna, en tanto que establece que “la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal”. En segundo lugar, se desprende del artículo 14 de la Constitución Nacional que contempla el derecho de publicar las ideas por la prensa sin censura previa. A partir de la reforma constitucional de 1994 el derecho de acceso a la información pública también es incorporado en los artículos 38 (partidos políticos), 41 (medio ambiente), 42 (consumidores y usuarios), 43 (habeas data). El derecho de acceso a la información pública también se encuentra reconocido en diversas declaraciones y tratados de derechos humanos que en Argentina cuentan con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22 CN) como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos.
En los últimos años, varios países de América Latina han avanzado en materia de legislación de acceso a la información pública. En 2006, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes vs. Chile que reconoció el derecho de acceso a la información pública como derecho humano fundamental, marcó un punto de inflexión y determinó el avance de la legislación en este tema en distintos países de la región. Así, desde esa fecha son varios los países que han sancionado leyes que garantizan en forma clara y precisa la manera de ejercer el derecho de acceso a los datos y documentos que se encuentran en manos del Estado. Honduras, Guatemala, Chile, Nicaragua y Uruguay, fueron los últimos países que sancionaros leyes. Por su parte, Brasil se encuentra actualmente en pleno debate parlamentario hacia la sanción de una ley.
¿Por qué es necesaria una ley si el derecho ya está vigente en Argentina?
Contar con una ley de acceso a la información pública es importante ya que establecería mecanismos claros para que la ciudadanía pueda reclamar y recibir información pública que se encuentra en los distintos órganos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Una ley fijaría plazos específicos para la entrega de la información, establecería las excepciones claras a la entrega de información y dejaría sentada la vía judicial idónea para proceder en el caso de que no se entregue tal información.
Una ley de acceso a la información pública garantizaría el ejercicio del derecho y permitiría que cualquier ciudadano pueda reclamar información a los organismos públicos municipales, provinciales y nacionales.
¿Cuál ha sido el impacto de la campaña?
Durante varios meses se realizó un trabajo sostenido acompañando el proceso de sanción de la ley. Distintas organizaciones, miembros de la campaña, fueron citadas por las Comisiones que trabajaron el tema de acceso a la información para exponer sobre la importancia de sancionar una ley que garantice el efectivo derecho de acceso a los datos públicos que se encuentran en manos del Estado. Las organizaciones que forman parte de la campaña, han trabajado de forma conjunta presentando en distintas oportunidades documentos que ayudarán a dar claridad sobre distintos aspectos de la ley.
También, se realizaron comunicados de prensa en conjunto que señalaban la posición de las organizaciones miembro frente a distintas situaciones. En este sentido, la Campaña ha tenido impacto en los medios de comunicación de todo el país y fue tomada como referente en la materia en distintas oportunidades.
¿Han tenido repercusiones a nivel de la región de América Latina y el Caribe?
La Campaña fue difundida por distintas vías, a distintos actores que desde siempre acompañan el trabajo de promoción del derecho de acceso a la información pública en la región. Así, muchas organizaciones de otros países de la región se han comprometido con la causa y han adherido a la Campaña Saber es un Derecho. ¡Que ahora sea ley!, dando apoyo e impulsando la sanción de la dilatada ley en Argentina.
Por su parte, la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información, que reúne a diferentes organizaciones de la sociedad civil de Centroamérica, México y República Dominicana dedicadas a defender y promover libertad de expresión y el acceso a la información pública en la región, ha brindado su apoyo y ha colaborado con la difusión de la Campaña en todos los países de la región.
Esta iniciativa es impulsada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, (ELA) el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), y Poder Ciudadano).
Desde el sitio web de la campaña, se puede adherir a la misma y conocer cuales son los requisitos mínimos que, amparados en la legislación internacional, debería cumplir la ley en Argentina.