La Convención Aarhus es un instrumento para la democracia medioambiental, basado en los pilares de participación pública en espacios de decisión política, acceso a información y acceso a la justicia. Uno de los talleres del FGI en Río fue el marco para discutir las posibles analogías y paralelismos para la participación pública en la gobernanza de internet.
La Convención Aarhus es un instrumento para la democracia medioambiental, basado en los pilares de participación pública en espacios de decisión política, acceso a información y acceso a la justicia. Uno de los talleres del FGI en Río fue el marco para discutir las posibles analogías y paralelismos para la participación pública en la gobernanza de internet.
El internet tiene ciertas particularidades. En su desarrollo y operación interviene un amplio y diverso rango de entidades en distintos niveles (locales, nacionales, regionales, subregionales, globales). Las decisiones por tanto son también sumamente diversas y complejas en los planos técnicos y políticos. Desde esa diversidad, se han conformado espacios y procesos de los que han surgido acuerdos mínimos. La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) y el FGI son ejemplos de acuerdos sobre procesos (multiparticipación / multisectorialidad, participación en línea, etc.) y enfoques (las personas y sus derechos como el centro y objetivo de la llamada sociedad de la información). Pero, ¿cómo se construyen consensos y compromisos de manera más sistemática que se sostengan en el tiempo, que aseguren participación pública de manera progresiva y efectiva y que obtengan resultados positivos y beneficiosos para mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías empobrecidas y excluidas en las distintas regiones del globo?
La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), puso sobre la mesa una primera propuesta: lograr un acuerdo sobre principios de inclusión, participación, transparencia, acceso a información, rendición de cuentas, inspirado en el prototipo de la Convención Aarhus. Un acuerdo de esta naturaleza se concretaría en un mecanismo autoregulado al que distintas instancias e instituciones, incluyendo los gobiernos, puedan voluntariamente adscribirse. Apuntaría, por un lado, a constituirse en un mecanismo de presión pública y, por otro, como una estrategia para desafiar la configuración actual de las instituciones, entidades y sistemas que han impuesto las leyes del mercado y del capital como las preponderantes.
Es claro que las decisiones que se han adoptado y que se adoptarán en materia de TIC y gobernanza de internet tienen un impacto directo en la vida de las personas independientemente del lugar del mundo en el que se encuentren. Pero es más claro aún que son las personas y comunidades de los países en desarrollo, conectadas ya o no al internet, quienes sufren las consecuencias de no participar en las decisiones sobre su propio desarrollo. Las decisiones que son de interés público, por tanto, demandan de otros paradigmas de participación y decisión política.
A diferencia de los asuntos medioambientales, que tienen claras manifestaciones nacionales más de las planetarias, el internet es un fenónemo transnacional y un asunto eminentemente global. En el caso de Aarhus, la cuestión central es el desarrollo humano y el medio ambiente. Si no hay acuerdo general de que el internet es un bien público, ¿cuál sería entonces el asunto en cuestión con relación a la gobernanza de internet? ¿Qué tipo de participación en la toma de decisiones se perseguiría? ¿Quién es el público? Algunas preguntas para continuar la discusión.