Puesto de llamadas con preciosUganda fue uno de los primeros países de África que desarrolló una política de acceso universal a las telecomunicaciones. A pesar de los numerosos errores cometidos en el proceso de liberalización del sector, el país ganó cierto prestigio por haber adoptado lo que se considera un enfoque proactivo y de amplio alcance en cuanto a la provisión de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para los pobres.
El Fondo de Desarrollo de la Comunicación Rural (RCDF), creado en 2001, es una de las herramientas utilizadas por el gobierno para motivar y movilizar inversiones del sector privado en zonas rurales. El fondo ofrece subsidios y subvenciones que funcionan como incentivos de inversión. Se trata de una organización similar a las de varios países en desarrollo y es resultado del impuesto de 1% sobre la renta de los operadores de telecomunicaciones.
Mediante la provisión de subsidios, el impacto de RCDF es impresionante, ya que contribuyó a crear puntos de presencia de internet en 20 jurisdicciones de Uganda, sitios web en 54 distritos, internet cafés en 55 y centros de capacitación en TIC en 30 lugares. También ayudó a instalar 316 teléfonos públicos – estimulando la penetración de la telefonía pública para llegar a una cabina cada 1.000 personas, y acercándose al objetivo establecido de 1.200. Por otro lado, el fondo apoyó a cinco telecentros y ayudó a establecer dos instituciones de conectividad a internet.
La teledensidad pasó de 12% en 2006 a 22% en julio de 2008 – a medio camino de la meta establecida de servicio universal de 40% para 2012.
Se dificulta el acceso rural
Pero toda esta buena obra tiene una sombra que son los onerosos impuestos fijados para algunos servicios de telecomunicaciones. Uganda tiene un impuesto de consumo del servicio de telefonía móvil de 12%, que se suma al IVA estándar de 18%. En junio de 2006, se estableció un impuesto de 5% para los servicios de línea telefónica terrestre. Actualmente, dichos servicios atraen un impuesto de uso de 23% (18% de IVA y 5% de impuesto de consumo).
En un país que no cobra impuestos por la importación de computadores personales, esto resulta bastante anómalo. Hay quienes alegan que el alto costo de los impuestos a las telecomunicaciones está minando el propósito del RCDF y trancando el crecimiento de un mercado saludable de telecomunicaciones en el país. Y si bien los gravámenes están causando alboroto entre los operadores, los analistas opinan que los más perjudicados son los consumidores y consumidoras.
La Asociación GSM, una entidad que reúne a los operadores de telefonía móvil de todo el mundo, sostiene que los países de África deberían reducir el gravámen de impuestos a los operadores de telefonía celular para estimular una rápida penetración y ayudar a agilizar la expansión de sus economías. Según el estudio, los 10 mercados con los impuestos más altos en el sector de la telefonía móvil en todo el mundo son Uganda, Zambia, Tanzania, Kenya, Brasil, Argentina, Ecuador, Turquía, Siria y Ucrania.
Los impuestos fijos que se pagan en el momento de abonarse y los que abonan después los usuarios y usuarias de teléfonos móviles, además de los impuestos tradicionales sobre las ventas, impuestos variables como el IVA, que se aplica al uso de los teléfonos móviles, y el gravámen que se aplica a la importación y venta de aparatos móviles resultaron altos en muchos mercados africanos. En los países que tienen aranceles altos – entre 25% y 30% de los costos en Kenya, Uganda, Tanzania y Zambia – la expansión del servicio de telefonía móvil ha sido más lento que en los que tienen menores aranceles, como Nigeria, Sudán, Egipto y Sudáfrica.
Las intenciones fallidas tienen consecuencias para los pobres
Pero no sólo en el área impositiva ha tropezado Uganda en sus esfuerzos por cumplir con sus obligaciones políticas. Hay quienes alegan que la lentitud del proceso de liberalización del país, además de la torpeza con la que el incumbente Uganda Posts and Telecommunications Corporation (ahora Uganda Telecom Limited, UTL) llevó a cabo la privatización, tuvo un impacto igualmente grave sobre el acceso universal. En el caso de Uganda Posts, el argumento es que el proceso de liberalización fue prueba de que el gobierno estaba desesperado por dinero y pretendía ordeñar el mayor valor en dinero del incumbente – y que estaba dispuesto a dejar de lado sus objetivos de acceso. La resistencia a abrir completamente el sector para atraer a más actores del mercado, hasta fines de 2006, también se podría entender a la luz de esto.
El proceso de privatización de UTL no fue fluido ni fácil, sobre todo al principio, ya que se cometieron varias torpezas políticas. Esto minó su rentabilidad durante años y contribuyó a mantener al sector de telecomunicaciones fuera de alcance para la mayoría de los y las habitantes de Uganda. Estos errores tuvieron que ver con la manera de privatizar al operador, su gestión luego de la privatización y el cambio frecuente de accionarios, lo que en general afectó negativamente la rentabilidad de UTL.
También hubo denuncias de corrupción general en el programa de privatización de Uganda y se dijo que las empresas habían sido subvaloradas y vendidas por amiguismo a personas relacionadas al gobierno, o a compañías dirigidas por esa gente. Esto obligó a detener dos veces el programa de privatización a fines de la década del 90.
Hay quienes dicen que hubo un doble discurso. Al principio, la ley exigía la privatización de UTL antes de otorgar la segunda licencia nacional de operaciones a MTN Uganda. Pero luego se modificó la ley a último momento para otorgarle la licencia de operaciones a SNO antes de privatizar porque supuestamente el gobierno necesitaba una inyección rápida de dinero efectivo, que sólo podía ocurrir al otorgar la licencia.
La justificación del gobierno de que la competencia obligaría a UTL a volverse más competitiva y, como consecuencia, más rentable y atractiva para sus pretendientes, no funcionó. La competencia resultó muy fuerte y hubo pocas empresas interesadas cuando por fin se colocó en el mercado.
La rentabilidad de las telecomunicaciones requiere políticas claras
Los imperativos de Uganda no son equilibrados – y, al menos en lo que se refiere a impuestos, sus políticas se contradicen con las regulaciones. Los bienes del Estado deben usarse para maximizar el rédito para el gobierno, a fin de que pueda financiar numerosas iniciativas importantes. Esto beneficia a los pobres. Un porcentaje de los altos réditos que obtienen los operadores de telecomunicaciones también tiene que vertirse en desarrollo, como ocurre con el RCDF. Los impuestos no son algo malo.
Pero Uganda muestra que, en lo que se refiere a las telecomunicaciones, el equilibrio se pierde fácilmente con el fin de rellenar las arcas vacías a expensas de políticas encomiables, como las que proponen el acceso universal. El hecho de que las telecomunicaciones sean muy lucrativas para los involucrados resalta la necesidad de tomar decisiones políticas claras e incorruptibles.
Nota : Este artículo fue escrito en el marco del proyecto Comunicación para la influencia en África Central, Oriental y Occidental-, con el fin de promover la incidencia porun acceso a las TIC para todos y todas. CICEWA busca definir los obstáculos políticos que impiden un acceso asequible a la infraestructura de las TIC en África y exigir su eliminación, con el objetivo de crear una plataforma sólida para la conectividad subregional en África Oriental, Occidental y Central.
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