Todo indica que la polémica Ley de Telecomunicaciones en México terminará siendo promulgada sin cambios sustanciales. Pero más allá de lo que dice la ley, los procesos políticos detrás de su tramitación parecen aún más graves: consideran a los derechos humanos como una moneda de cambio.
Las noticias no son buenas. Pese a todos los esfuerzos de la sociedad civil mexicana, el proyecto de Ley de Telecomunicaciones de México está casi listo para convertirse en ley.
La preocupación por esta ley es ampliamente justificada. Su aproximación a temas tales como la regulación de medios, neutralidad de la red y diversas facultades que se le entregan a funcionarios públicos, especialmente aquellas relacionadas con requerir cortes de servicio en áreas geográficas determinadas o implementar medidas de vigilancia desproporcionadas e innecesarias.
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